En Puerto Madryn se sancionó un insólito impuesto que repercute directamente en la generación de energía eólica. El aumento del 4,5% puede afectar directamente la colaboración internacional de Argentina para alcanzar los objetivos en la neutralidad de carbono.
El uso de energías renovables está creciendo a pasos agigantados gracias a la reducción de los costos y a medidas políticas más blandas para su generación.
En muchos países, el uso de energías renovables está creciendo a pasos agigantados gracias a la reducción de los costos y a medidas políticas más blandas para su generación. Argentina produce energía eólica anual equivalente al consumo de un millón y medio de hogares, y se ubica en el puesto 18 de los países con mayor atractivo en energías renovables. Considerando la importancia de este sector, el nuevo impuesto en un municipio de la provincia de Chubut parece una idea descabellada y amenaza la continuidad y el desarrollo de nuevos proyectos.
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El Concejo Deliberante de Puerto Madryn aprobó el “impuesto al viento” del 4,5% de su facturación a las empresas productoras de energía eólica. Esta medida no solamente alcanza a los dueños de los parques, sino también a todos los que presten servicios dentro de ellas. Desde la Cámara Eólica Argentina (CEA) advirtieron que “la ordenanza afecta inversiones de muy largo plazo que necesitan de una absoluta estabilidad fiscal.”
Extensión de la jurisdicción
Los parques eólicos afectados están instalados en cercanía de Puerto Madryn, pero fuera de la zona urbana, por lo que no estaban alcanzados por las tasas retributivas municipales de servicios prestados. Para poder aplicar los impuestos, la primera medida de la legislatura provincial fue extender al doble el éjido municipal para poder abarcar las zonas rurales donde se encuentran los parques.
Según la información consultada en Derecho en Zapatillas la municipalidad extendió a los titulares de los parques eólicos la responsabilidad por el pago de dos tasas por servicios prestados. Por un lado el municipio empezará a cobrar una Tasa por Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental que establece el artículo 173 del Código Tributario para retribuir.
Por otro lado, un segundo impuesto a la Construcción de Obras Particulares y Obras realizadas por empresas nacionales y provinciales, por la que se obligan a pagar esta tasa a los parques eólicos cuyas obras “se encuentren en ejecución o a ejecutarse a la fecha de entrada en vigencia de la norma el 24 de abril de 2020”.
Además, se implementa un cambio en el modo de calcular el impuesto. Antes, los propietarios pagaban impuestos que dependían de la superficie que ocupaba el parque eólico. A partir de ahora pasarán a depender de la producción, es decir, de la cantidad de energía que generen.
Las Cámara Eólica Argentina (CEA) se expresó diciendo que los impuestos municipales son anticonstitucionales y que la construcción de estos parques fue motivada por una ley en la cual se indicaba expresamente que estaban eximidos de “cualquier clase de tributo específico, canon o regalía hasta el 31 de diciembre de 2025”.
A pesar de todos los beneficios en el corto y largo plazo que tiene apostar a la generación de energías renovables, esta iniciativa parece atacar directamente a estos sectores. El impuesto busca aumentar la recaudación de una zona con fuerte dependencia del turismo que fue afectado por la pandemia de COVID-19 y que produjo la merma de los ingresos. Una vez más, ignoramos la oportunidad de frenar la crisis climática mundial ante las necesidades económicas locales.
