Ya no se trata de un objetivo, de un plan o de una hoja de ruta sin valor legal. La Comisión Europea ha enviado al Parlamento y al Consejo el borrador de una Ley del Clima Europeo que fija el marco normativo para lograr la neutralidad climática (o emisiones netas cero) en 2050.
El texto, publicado en el Boletín de la UE, que debe recibir el visto bueno de esas instituciones, recoge las propuestas más ambiciosas del llamado Pacto Verde que avanzó la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, tras acceder a su nuevo cargo el año pasado. En él se plantea una reducción de las emisiones de CO2 en 2030 entre un mínimo del 50% y un máximo del 55% respecto a los niveles de 1990, frente al objetivo del 40% previsto hasta ahora.
La neutralidad climática implica que el balance de emisiones debe ser del 100% (esto es, que los gases de efecto invernadero que se lancen a la atmósfera deben compensarse en su totalidad con capturas de carbono, ya sea mediante sumideros naturales, como los bosques, o artificiales, algo que aún está por desarrollar) frente a los objetivos anteriores de recortar las emisiones entre el 80% y el 95% para 2050. Por tanto, si el reglamento en trámite prospera con ese contenido, en ese año no podrá haber vehículos de motor de combustión interna circulando ni, por ejemplo, calderas para calefacción de gas natural, cuya opción sería la bomba de calor.
En estos momentos, los sumideros suponen la captura de un 20% de las emisiones totales. En 2050 las toneladas de carbono compensadas por estos mecanismos podrán ser emitidas por las actividades que carezcan de otras alternativas para funcionar, como el transporte aéreo y la industria que requiera para sus procesos productivos temperaturas muy elevadas que no les pueda proporcionar la electricidad (como el caso de los altos hornos).
Por tanto, el futuro reglamento afectará a todos los sectores y muy especialmente al transporte por carretera y la energía de los edificios. Según los expertos, el transporte está en manos de la madurez del desarrollo del vehículo eléctrico y el gas natural, en que se desincentive su uso encareciéndolo mediante impuestos. En estos momentos, el gas está exento de tributos relacionados con el cambio climático, ya que el objetivo del llamado céntimo verde es evitar desajustes en los ingresos del sistema.
En este punto, el futuro está en el gas limpio, el hidrógeno, que, más allá de su elevado precio, aún tiene muchos inconvenientes: su fabricación (con gas) implica la emisión de CO2; no puede ocupar más del 30% del tubo en su transporte porque las fugas son más fáciles y es corrosivo. No obstante, quedan muchos años para su desarrollo y adaptación.
Según el borrador del reglamento lanzado por la Comisión Europea, entre 1990 y 2018, las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron un 23%, mientras que la economía creció un 61%.
Es necesario, añade, “adoptar medidas suplementarias, y todos los sectores tendrán que contribuir, ya que se espera que las políticas actuales reduzcan las emisiones únicamente en un 60% de aquí a 2050, por lo que queda mucho por hacer para lograr la neutralidad climática”.
Poderes
A más tardar el 30 de septiembre de 2023 (y, a partir de esa fecha, cada cinco años), la Comisión Europea evaluará y revisará si los Estados miembros han cumplido con la nueva Ley de Cambio Climático y que las medidas adoptadas no sean incompatibles o inadecuadas. En este sentido, la futura norma otorga a la Comisión “los poderes para adoptar actos delegados” para la consecución de los objetivos de neutralidad en 2025.
Dichos poderes, que evitan que la Comisión tenga que buscar el respaldo periódico del Parlamento, al que sí deberá rendir cuentas, “se otorgan por un periodo indeterminado” a partir de la fecha de entrada la entrada en vigor del reglamento.
La delegación de poderes (que figura en el artículo 3) podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento o el Consejo Europeo y deberá ser publicada en el Diario Oficial de la UE.
Ello no afectará a los actos que ya estén en vigor. Antes de la adopción de un acto delegado, se consultará a los expertos designados por los Estados miembros de acuerdo con el acuerdo interinstitucional del 13 de abril de 2016.
El pasado diciembre la presidenta de la Comisión ya anunció estos planes para 2050, así como un fondo de 100.000 millones de euros para un Fondo de Transición Justa, para ayudar a la reconversión industrial en las zonas o sectores dependientes de los combustibles.
Estas son las claves para el Pacto Verde que acompañará a la futura Ley de Cambio Climático que regirá en la Unión.
La futura Ley del Clima de Europa supone un respaldo para los Gobiernos frente a las presiones de distintos sectores, principalmente el transporte. Así, tras anuncios y propuestas polémicas respecto a si los coches de combustión podrían circular a partir de 2050, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se viene remitiendo ya, cuando se le pregunta, “a lo que decida la UE”.
Bruselas, con la decidida apuesta de la nueva presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha optado por aprobar un reglamento (que debe superar el trámite del Parlamento y el Consejo Europeo) en el que se fija una reducción aún mayor de emisiones de CO2 en 2030 y la neutralidad climática, con lo que ello conlleva, en 2050.
La propuesta normativa encomienda a la Comisión la revisión de las políticas y la legislación de la Unión para determinar si son coherentes con dicho objetivo de neutralidad y con la trayectoria definida. Se ha garantiza –añade el borrador– la coherencia con el Reglamento 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, mediante la modificación de dicho reglamento. Además, se adoptan otras iniciativas del Pacto Verde, como el plan de inversiones y el Fondo de Transición Justa y la transformación ecológica y digital.
Por Carmen Monforte
Foto: Ursula von der Layen, presidenta de la Comisión Europea. Reuters.
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